Los alcaldes y alcaldesas de la zona minera y Enkarterri han alzado su voz contra el proyecto Solaria, una iniciativa que ha generado controversia por su impacto ambiental. Según han informado medios como EITB, El Correo, El Diario.es y Tele 7, los ediles han expresado su apoyo a la transición energética, pero han enfatizado que esta debe realizarse de manera responsable y sostenible.
«Estamos de acuerdo en la necesidad de la transición energética, pero no a cualquier precio. Hay que buscar la mejor alternativa con el menor impacto posible sobre el medio natural, sobre nuestras vecinas y vecinos, y sobre los propios municipios», han manifestado los alcaldes y alcaldesas en un comunicado conjunto.
El proyecto Solaria contempla la instalación de 310.000 paneles solares en el terreno agrícola de la llanura alavesa, con el propósito de generar energía eléctrica que se transportaría a lo largo de 100 kilómetros de terreno deforestado.
Enkarterri Bizirik Elkartea cree que el plan destruiría tierras de cultivo y sembraría torres de 90 metros de altura en la región, además de eliminar vastas áreas de vegetación. En nombre de la lucha contra el cambio climático, se van a destruir tierras de cultivo y eliminar hectáreas y hectáreas de vegetación. Cabe preguntarse, ¿a quién se le ha ocurrido semejante despropósito? ¿Cuántos millones de euros están en juego?
Enkarterri Bizirik Elkartea quiere mostrar su respaldo a los alcaldes y alcaldesas y hace un llamamiento a otras fuerzas políticas y agrupaciones independientes para que se unan a la causa. Recordamos que el 30 de mayo, el pleno municipal de su Sopuerta aprobó por unanimidad una moción que exige la paralización de los ocho macroproyectos eólicos y fotovoltaicos autorizados vía administrativa. Esta paralización debería mantenerse hasta que se logre un consenso en el Parlamento Vasco sobre la ubicación de las instalaciones y la planificación territorial de la transición energética, en un en un Plan Territorial Sectorial de Energías Renovables, pendiente desde julio de 2023.
Los alcaldes y alcaldesas han insistido en que la transición hacia energías renovables es imprescindible, pero abogan por un enfoque que minimice el impacto ambiental y social, protegiendo tanto el entorno natural como las comunidades locales.